Actualmente, el Gobierno de España y los de la CEE tienen sobre la mesa la delicada tarea de resolver qué acciones emprender sobre los sitios web con enlaces de descargas ilegales de archivos con propiedad intelectual restringida.
El anteproyecto de ley del gobierno de España, plantea la posibilidad (dada la evidencia de la ilegalidad) de clausurar los sitios web con enlaces ilegales sin una orden judicial. Por otro lado no se ha descartado la necesidad de una orden judicial (opción más razonable) para cerrar dichos sitios web con enlaces de descarga ilegales.
En ningún momento se plantea clausurar sitios con enlaces a archivos de música o vídeo de forma generalizada, sólo se plantea aplicar las nuevas restricciones para aquellos sitios que vulneren la propiedad privada de un autor.
En cuanto a archivos de música, Spotify ha aportado una interesante solución. Puedes consumir música de autor a coste cero con cortes publicitarios o sin publicidad por un importe mensual muy económico. Paralelamente (y al igual que otras plataformas), te ofrece la opción de comprar canciones sueltas o CDs completos a precios mucho más competitivos que la opción tradicional.
En cuanto a las soluciones para la industria cinematográfica, realmente cuesta comprender por qué no se organizan las grandes productoras y ofrecen un canal de distribución online con soluciones adaptadas a la sociedad actual, precios y calidad razonable, que les permitan competir con las descargas ilegales.
Desde fuera y con un margen de error en la apreciación sobre la situación, puede parecer que la problemática actual de la industria cinematográfica con las descargas ilegales, se podría solucionar con la explotación de soluciones técnicas ya existentes, como la comercialización de servicios de streaming o el DRM.
Está claro que los precios elevados (alejados de la realidad económica actual) de ciertos productos de consumo de cultura como la música y el cine, han propiciado el crecimiento de archivos ilegales en internet. Pero al mismo tiempo, parece lógico pensar que la explotación de las soluciones técnicas existentes (streaming, DRM) a precios razonables y una regulación de las leyes, podría solucionar la problemática entre consumidores y productores y lo más importante, beneficiar a ambas partes.
Entendemos que la solución que aporten los gobiernos no debería ser únicamente de restricciones legales, sino también de diálogo y apoyo entre las partes interesadas e incentivar la evolución conceptual y tecnológica de manera que beneficie a los productores y los consumidores.
En cuanto al Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet“, realmente nos parece poco consistente ya que propicia un inmovilismo ante una situación y unos sectores que requieren de una modernización y adaptación a los tiempos actuales, para el beneficio de todas las partes implicadas (sin excluir a los consumidores).
